La participación de nuestro país en importantes acuerdos internacionales tales como el Protocolo de Kyoto sobre gases de efecto invernadero o el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes significan para nuestro país el dar cumplimiento a una gran cantidad de obligaciones internacionales, entre las que destacan el desarrollo y actualización periódica de inventarios de emisiones y/o el seguimiento de sustancias químicas peligrosas a lo largo de todo su ciclo de vida, lo cual podría ser cumplido de manera centralizada al ser implementado un RETC de carácter nacional.

La firma de importantes tratados de libre comercio están demandando una mayor transparencia de las emisiones aportadas por el sector industrial, lo cual podría ser apoyado claramente con la implementación de un RETC.

La existencia de un RETC disponible al público, fortalecerá el proceso de participación ciudadana y el "derecho a saber" por parte de la comunidad. Aspecto que cada día cobra relevancia mundialmente y es ratificado en distintas convenciones (por ejemplo AARHUS).

El detalle de los acuerdos internacionales que se relacionan con el RETC, son los siguientes:

• Decreto Supremo Nº 312 de 2003 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos;
• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Ambiental entre Ministerio Medio Ambiente de Canadá, el Departamento de la Industria de Canadá y la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA;
• Decreto Supremo Nº 38 de 2005 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs);
• Decreto Supremo Nº 37 de 2003 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Convenio de Rótterdam sobre Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de Comercio Internacional;
• Decreto Supremo Nº 685 de 1992 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación;
• Decreto Supremo Nº 719 de 1989 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Convención de Viena sobre Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono; Decreto Supremo Nº 238 de 1990 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Protocolo de Montreal;
• Decreto Supremo Nº 123 de 1995 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Convenio sobre Cambio Climático;
• Decreto Supremo Nº 349 de 2004 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Protocolo de Kyoto;